Como los líderes de la Revolución Francesa o los comandantes del alzamiento castrista en Cuba, Andrés Manuel López Obrador podría descubrir que los peores adversarios son los que pueden surgir entre tus propias filas una vez que llegas al poder. Si bien es cierto que la CNTE, organización sindical de maestros disidente, no fue parte de Morena, el partido del ahora presidente, sin duda han sido compañeros de viaje en su oposición al viejo régimen. Una y otra vez se han hecho guiños y apoyos políticos implícitos en las regiones en las que la CNTE es poderosa (particularmente en Michoacán, Oaxaca y Guerrero).
El problema es que los maestros de esta agrupación han decidido aprovechar el talante pacífico de su viejo aliado para radicalizar sus protestas y paralizar la costa michoacana. Exigen salarios atrasados y bonos pendientes, retenidos por el Gobierno estatal de Silvano Aureoles del PRD. Los efectos del bloqueo del CNTE durante 16 días en las vías del ferrocarril que conducen al puerto de Lázaro Cárdenas tienen varadas miles de toneladas de productos, combustibles y suministros cuya escasez comienza a paralizar fábricas y distribuidoras en el Occidente del país.
Si bien el conflicto es local, garantizar la libre circulación de personas y mercancías es responsabilidad del Gobierno federal, con lo cual la factura política y económica es atribuida a López Obrador.
El presidente ofreció un crédito puente de 200 millones al Gobierno michoacano para promover las negociaciones y el levantamiento del bloqueo, prometiendo que sus reivindicaciones serían atendidas. En respuesta, la CNTE endureció sus posiciones elevando el saldo de su demanda de 5.000 millones de pesos a 7.000 (250 y 350 millones de dólares aproximadamente). Insisten con papeles que no son cantidades inventadas y representan las cifras impagadas por la entidad desde hace tres años. Hace dos días, sus colegas de Oaxaca comenzaron a paralizar oficinas y vías públicas por diversas exigencias laborales.
López Obrador ha tomado mal el rechazo de los agremiados, pero una y otra vez, ha insistido en que no usará la fuerza para liberar el bloqueo. Durante casi dos semanas su estrategia había sido el exhorto a los líderes, apelando a su civilidad y a la convicción de que el Gobierno ahora era su aliado, no su rival. Decepcionado, el martes habló de la posibilidad de que los dirigentes estén incurriendo en la provocación y llamó a las bases a hablar con sus líderes. Hasta este momento nada ha dado resultado.
Desde hace años comunidades y grupos sociales en desgracia han encontrado en la toma de oficinas y vías públicas una manera efectiva de atraer la atención y obligar a la autoridad a una negociación inmediata. La mayoría de las veces se trata de reivindicaciones legítimas pero también abundan organizaciones oportunistas y líderes con agendas políticas turbias (Antorcha Campesina, para no ir más lejos).
El temor entre empresarios y críticos de derecha es que la laxitud de López Obrador en esta materia termine siendo una invitación a muchos otros actores y, que ante la impunidad, los bloqueos se generalicen. Las apelaciones del presidente al “pueblo bueno” parecen insuficientes, por no decir ilusas, al menos en el caso de la CNTE. Interrumpir las comunicaciones en agravio de la economía y la vida de las personas es un delito tipificado, insisten los organismos empresariales.
Siendo grave lo que pasa en Michoacán, es nada si esta estrategia se disemina en todo el país. El daño que causa una veintena de estudiantes que bloquean una caseta de la autopista a Acapulco es desproporcionado frente al tamaño de sus reivindicaciones (plazas de maestro o becas). La interrupción de la comunicación entre Puebla y Ciudad de México durante horas por una comunidad que padece escasez de agua, afecta a millones y provoca un costo infinitamente mayor.
Desde luego la culpa no es del nuevo Gobierno. El sistema político dejó sembrado el territorio de agravios sociales y el mecanismo clientelar de antaño hace mucho que dejó de ser funcional para canalizar el descontento. Para bien y para mal, muchos grupos lastimados sienten que ahora es el momento de los pobres y si no encuentran una vía para exigir la restitución de lo que es suyo o de lo que creen tener derecho, saldrán a las calles para reclamarlo.
La llamada sociedad civil, y un número creciente de ciudadanos afectados exigirá la intervención de la autoridad para evitar los bloqueos y el daño a las propiedades. Si el Gobierno no desarrolla una mayor capacidad para gestionar y canalizar las demandas políticas y económicas que su propio arribo al poder ha provocado, enfrentará una terrible disyuntiva. O comenzar a usar la fuerza pública o auspiciar entre los votantes, debido al caos, un apetito por un régimen duro. La estrategia quizá no pase por la represión pero va más allá del exhorto a portarse bien. Es la hora de la operación política profesional. Es eso o esperar el arribo de los halcones.
