En 12 años, de diciembre de 2006 a diciembre de 2018, el Ejército mexicano estuvo involucrado en 4.495 enfrentamientos con civiles. En la mayoría de los casos, los militares dijeron que combatieron a integrantes del crimen organizado. Los diferentes manuales y directivas castrenses obligan a los militares a elaborar informes sobre estos eventos. Esta información sirve a las fiscalías para nutrir las pesquisas sobre homicidios y otros delitos. El viernes, la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo sin embargo que no cuenta con estos informes en sus archivos. Que no existen.
Los 12 años corresponden a las presidencias de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En ese tiempo, el Ejército se convirtió en el principal cuerpo policial del país. Ningún otra corporación participó en más enfrentamientos en aquellos años. Ni siquiera la Policía Federal, con 495, ni la secretaría de Marina, con 397.
A pesar de las dudas suscitadas durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha mantenido su estatus en el nuevo Gobierno de Morena. Se sigue ocupando de la seguridad pública en detrimento de cuerpos civiles como la Policía Federal, condenada a desaparecer en favor de la polémica Guardia Nacional. De hecho, será la Sedena la encargada de reclutar y formar a sus integrantes. Hasta que empiece a funcionar, los militares seguirán a cargo de patrullar las calles.
Pese a su sintonía con los militares, la apuesta por la transparencia del nuevo Gobierno parece ajena al Ejército. El académico Javier Treviño, integrante del Programa de Política de Drogas del CIDE, escribía la semana pasada en la revista Nexos que la secretaría de la Defensa suele responder a las solicitudes de información con argumentos negativos «prefabricados». Algunas veces responde que la información solicitada no existe. Otras, que no es competencia suya recopilarla.
Es el caso de los informes de los enfrentamientos, que contienen datos clave sobre la violencia que ha sufrido México. Eso en caso de que existan. «Podrían no existir, pero no creo», argumenta Alejandro Madrazo, académico del CIDE, experto en políticas de seguridad. «Suponiendo que creemos a Sedena, se está incumpliendo con su propia normativa porque están obligados a generar estos reportes. Pero no creo que sea cierto». Para Madrazo, Defensa no está acostumbrada a rendir cuentas. «Ellos no responden al Instituto Nacional de Acceso a la Información, igual que no le han respondido al Poder Judicial, igual que a Hacienda. Año tras año se les exime de entregar un documento que explica cómo gastan su presupuesto. Todas las dependencias lo hacen, pero a Sedena se le exime. No están acostumbrados al control de las instancias civiles».
Desde hace tiempo, académicos, periodistas y particulares han pedido datos sobre balaceras, tiroteos y agresiones armadas al Ejército. No solo los informes, también las cifras de muertos y heridos, los municipios donde se produjeron y los Estados. Además de prefabricadas, como dice Treviño, el criterio con que responden peticiones de información sufre variaciones inexplicables.
Así ocurre con las cifras de víctimas mortales, heridos y detenidos en enfrentamientos. Hasta abril de 2014, Sedena daba esos datos a quienes los pedían. A partir de entonces dejó de hacerlo. Ante las peticiones de información, la respuesta que comenzó a dar la institución es que no contaba con los datos porque no tenía la obligación de recopilarlos. Esta obligación, decían las respuestas, recae en la Procuraduría General de la República, la Fiscalía.
Desde entonces y hasta diciembre de 2018, cuando finalizó el Gobierno de Peña Neito, la secretaría de la Defensa había recibido al menos 11 peticiones en este sentido. Todas fueron negadas bajo el mismo argumento. Uno de los casos sigue su proceso y la secretaría, que se negó a entregar los datos en primera instancia, ha sido obligada a entregarlos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información antes del 11 de abril.
La negativa de la Sedena a dar información se extiende a asuntos inocuos, situación que ha experimentado el equipo que coordina Javier Treviño en el CIDE. Desde hace más de un año, han dirigido varias peticiones de información sobre la composición del Ejército a la secretaría: de qué estados provienen los militares, de qué municipios, con qué edad ingresan, con qué nivel de estudios, etcétera. Es información contenida en la hoja de datos personales, común en cada alta en las Fuerzas Armadas. La primera respuesta de la secretaría fue negarse. Pero el INAI contestó que debía entregar la información. Igual que en el caso de los civiles muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos, la institución castrense tiene hasta el 11 de abril para responder.
