La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha enviado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, una queja por el papel de los militares en la explosión del pasado viernes en Tlahuelilpan (Hidalgo). La organización ha pedido al Gobierno mexicano información sobre las precauciones que tomó para intentar evitar la tragedia. Tras el incidente, la Administración de López Obrador reconoció que a Tlahuelilpan solo llegaron 25 soldados y que la Secretaría de la Defensa tuvo conocimiento de la fuga del hidrocarburo cuatro horas antes del incendio, que provocó la muerte de al menos 91 personas. “Se ha pedido información a autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, para conocer de primera mano su versión y el sentido que, de ser el caso tuvo, su intervención en los hechos”, señala la CNDH en un comunicado.
Las autoridades han descrito un escenario en el que entre 600 y 800 personas se agolparon a llenar bidones de la fuga de gasolina, y que aunque las fuerzas de seguridad llegaron a sumar 60 elementos —entre soldados, gendarmes y policía federal— no fueron capaces de detener a la población. López Obrador ha defendido el papel de las Fuerzas Armadas en este caso y ha asegurado que dará toda la información disponible a la CNDH. La Fiscalía mexicana, además, recabará los testimonios de los miembros de la Secretaría de la Defensa, autoridades locales y los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrados en esta emergencia para ampliar la investigación.
La petrolera ha explicado que intentó detener el flujo de gasolina tan rápido como le fue posible, pero que dado que el sistema de operación de ductos demora en disminuir la presión con la que el hidrocarburo viaja, el suministro se redujo gradualmente a lo largo de algunas horas. “A partir de que tuvimos conocimiento de las cosas, se actuó de acuerdo con el protocolo de seguridad que indica el cierre del ducto y el seccionamiento de las válvulas”, explicó Octavio Romero Oropeza, director de Pemex. Los militares han insistido en que la fuga de gasolina no era de grandes dimensiones cuando se acercaron a observar la situación, pero que una fuente de líquido se alzó en el campo cuando los habitantes de Tlahuelilpan comenzaron a llenar sus bidones.
Desde el 20 de diciembre, López Obrador ha apostado por combatir el robo de hidrocarburos en el centro y occidente de México. Su plan ha incluido la vigilancia de diversas instalaciones petroleras —pertenecientes a Pemex— a cargo de las Fuerzas Armadas, así como sustanciales cambios en la logística de distribución de las gasolinas. El presidente ha asegurado que con su estrategia los hurtos han disminuido considerablemente en las últimas semanas, pero también ha reconocido que el robo de combustibles, popularmente conocido como huachicoleo, ha calado en diversos municipios del país en los últimos años hasta convertirse en un problema sumamente complejo.
A partir de este martes, el Gobierno de López Obrador comenzará una estrategia en 80 municipios, cercanos a ductos de Pemex, para analizar los problemas sociales que han llevado a esas comunidades ha depender del robo de combustibles. “Van a recibir muchos apoyos de los programas de desarrollo, de los programas de Bienestar. La gente más humilde va a tener ingresos, va a tener manera de trabajar honradamente, sin necesidad de estas actividades ilícitas”, ha adelantado el presidente.
