Es una avanzadilla de lo que se avecina esta legislatura en Madrid: 1.500 alumnos de bachillerato con renta baja van a estudiar este curso por primera vez en un centro privado con una beca que puede llegar a los 3.000 euros. Y la intención es que en cuatro años todos los centros con primaria y secundaria privados sufragados con dinero público puedan solicitar el concierto. Un total de 70.000 bachilleres estudiaron con subvención en España el año pasado en cinco regiones (el 11,3% del total en 465 colegios), pero la cifra puede casi duplicarse en cuatro años si PP y Ciudadanos cumplen su compromiso de concertar el bachillerato (de 16 a 18 años) en Madrid y Andalucía, autonomías con gran peso demográfico.

El bachillerato es una oportunidad para la escuela concertada en un contexto de fuerte caída de la natalidad, que en España ha bajado casi un 30% en 10 años, e implicará una pérdida de alumnos con el consiguiente cierre de aulas si la tendencia no se corrige. Al ser una etapa educativa no obligatoria —los chicos deben asistir a clase hasta los 16 años—, la Ley Reguladora del Derecho a la Educación (LODE, 1985) no contempló que el Estado pagase los profesores y el mantenimiento de centros privados, como ocurre en primaria o secundaria. Pero cada vez más autonomías conciertan valiéndose de que las competencias educativas están transferidas. Las que están en manos de la izquierda sin concierto —Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias, Canarias o La Rioja— no se lo plantean. Mientras Comunidad Valenciana batalla para cerrar aulas.

La Administración invierte de media unos 5.600 euros por alumno y curso y el avance de la concertada exigiría un mayor desembolso económico. Solo en Madrid hay 42.000 bachilleres en colegios privados (de un total de 100.000) y en Andalucía 23.800 (de 123.000).

“Se está pervirtiendo el sentido del concierto, que se creó cuando se prolongó la educación obligatoria a los 14 años y luego a los 16 y no había suficientes plazas en la escuela pública”, recuerda Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Cree que el foco no debía estar en concertar el bachillerato, sino en reforzar el apoyo a los rezagados, amparar a los niños desfavorecidos o volver a desdoblar las clases para lograr una enseñanza más personalizada. “De los 9.000 millones de euros que ha perdido Educación desde 2012, la mayor parte ha sido en la enseñanza pública”, se lamenta García.

Para la izquierda la escuela subvencionada debe ser subsidiaria de la estatal, mientras que para la derecha debe primar “la libre elección de los padres”. El líder del PP, Pablo Casado, prometió en campaña ampliar el bachillerato concertado a todas las comunidades “para que la concertada pueda llegar hasta la prueba de acceso a la Universidad” y en Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso se lo ha tomado al pie de la letra: “No queremos que haya alumnos que tengan que cambiar de instituto por falta de recursos”. Un portavoz de Educación detalla que el concierto es un compromiso del pacto entre PP y Ciudadanos que se desarrollará esta legislatura. Comenzarán con una prueba piloto y se instaurará escalonadamente. El secretario de CC OO se indigna: “Madrid ha sido el paradigma de los recortes en educación mientras regalaba 100 terrenos públicos a empresas para concertar sus colegios”.

Hoy parte de las familias españolas optan por cambiar a sus hijos a un instituto, gratuito, al llegar al bachillerato. Así se ahorran entre 300 y 400 euros de mensualidad. El trasvase fue acusado durante la crisis. Más leve en años posteriores. El pasado curso hubo 26,4 bachilleres por grupo en la pública por 25,5 alumnos en la privada, cuando en primaria (20.8 frente a 24,4) y secundaria (24,8 frente a 26,5) se invierte la cifra porque la subvencionada apura el ratio por clase, en opinión de los defensores de la escuela pública para cobrar cuotas “voluntarias”.

En 2015 el Gobierno socialista de Susana Díaz se negó a concertar en Andalucía porque no “satisfacía las necesidades de escolarización” pero el binomio PP y Cs, que sustenta el nuevo Gobierno andaluz, tiene otros planes. “Habilitaremos progresivamente la implantación del bachillerato concertado”, reza su acuerdo. Desde el departamento de Javier Imbroda no se aportan más datos, está en estudio su implantación.

“El concierto del bachillerato no es una reivindicación nueva pero en los últimos años nos hemos centrado en que no se perdiese en otras etapas obligatorias”, sostiene José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. “En Madrid se ha planteado más veces, mientras en Andalucía llega con el cambio de Gobierno y tienen que empezar de cero”, prosigue. En Murcia hay 27 colegios con esta etapa concertada y no se cita en el pacto de Gobierno.

El País Vasco, con la tasa más alta de concertada de España, fue el primero en subvencionar esta etapa en 1987. En Cataluña Convergencia i Unió, se sumó en 1993. De sus 90.000 bachilleres, 12.000 estudiaron el pasado curso con esta fórmula. Previsiblemente la cifra no irá a más, porque Enseyament depende de Esquerra Republicana que vigila más los conciertos. En 1998 se sumaron los navarros y en 2007 llegó a Baleares con Jaume Matas. Hoy los socialistas allí no quieren concertar o quitar aulas.

El pacto PP-Ciudadanos en Castilla y León, un referente en calidad educativa, no contempla la extensión del bachillerato concertado. Se subvencionó hace dos décadas a 13 centros (con 1.700 alumnos) y no se plantea más en una comunidad que pierde población. En Galicia Alberto Núñez Feijoó (PP) no se ha pronunciado y pronto habrá elecciones.

La escuela privada sin subvención, concentrada en las grandes ciudades, se ve perjudicada. Elena Cid, de la asociación de colegios privados independientes CICAE es tajante: “Es una competencia desleal en una etapa no obligatoria. No garantiza la gratuidad, sino que los centros concertados tengan mejores resultados económicos con el copago”.