María del Carmen Vera, oriunda de la provincia de Manabí, quien padece de discapacidad auditiva, acude a la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, a exponer las penurias que tuvo que pasar para obtener su carnet de discapacidad.

Comenta María que el trámite para contar con su carné fue bastante engorroso y demoró más de seis meses. Al inicio del proceso, le pidieron que la audiometría sea avalada por una casa de salud pública, pero que en ese momento no contaban con ese servicio. Lamenta que hayan puesto en duda su discapacidad.

Además, con el escándalo de la entrega fraudulenta de este documento, ha sido víctima de hostigamiento, acoso y mobbing laboral (hostigamiento laboral), ya que en cuanto la ven le dicen que su carné no vale. “Tener un carné no significa que tengamos todos los derechos que la ley otorga, son múltiples las vulneraciones de derechos a los que estamos expuestos”, agrega.

Isaías León explica lo que ha tenido que pasar para que se le otorgue el carné de discapacidad para su hijo de siete años, quien tiene autismo leve. Al acudir a la salud pública, le dijeron que, por las denuncias de carnés fraudulentos, no están autorizados para entregar este documento. Hace dos semanas, tenía la cita médica en un centro médico público, pero le llamaron para decir que se agendaría para otra fecha, porque la especialista salió de vacaciones.

“No nos están dando la atención con la diligencia y la oportunidad que se requiere, pese a que contamos con todos los certificados y exámenes que acreditan la discapacidad de mi hijo”, enfatiza León.

Entre tanto, Dayana Acosta, indica que, en 2010, su padre tuvo problemas de pérdida muscular, se sometió a tratamientos y atención de salud y se determinó que padecía una enfermedad rara, obtuvo su carné con un 49 % de discapacidad y el único beneficio que ha recibido es la rebaja de dos dólares en el servicio de energía eléctrica. “Mi padre ha querido que se le recalifique su nivel de discapacidad, pero el trámite es muy desgastante”, asevera.

También participaron de la sesión veedores ciudadanos, uno de ellos, Stalin Basantes, quien considera que en los testimonios se evidencia, no solo un problema de vulneración de derechos, sino discriminación, a lo cual se suma un sistema administrativo ineficiente, una subjetividad de los médicos, en la valoración de los casos que constituyen o no discapacidad.

A la vez, sugiere que se brinden alternativas para las personas que padecen enfermedades raras para que se pueda valorar su condición discapacitante.

William Garzón, tras agradecer los testimonios de los comparecientes, formuló un llamado al Ministerio de Salud para que se deje de lado la cantidad de trabas a los procesos de calificación de discapacidad, ya que el Estado debe garantizar la atención integral y no puede haber vulneración de derechos; de ninguna manera se justifica que haya personas que tengan trámites para obtener un carné desde 2018 y no tengan respuesta.