Mediante una denuncia realizada por funcionarios de un distrito del Ministerio de Salud, se dio a conocer el caso de la asambleísta de Alianza País, Guadalupe Salazar, quien es acusada por el presunto cobro de diezmos; además en este caso se encuentran involucrados el esposo de la legisladora y su madre.

Un funcionario del Ministerio de Salud Pública señaló que los trabajadores del círculo cercano de la asambleísta Salazar, debían cancelar mensualmente el 10% de su sueldo y una entrada de 1.000 dólares para mantenerse en el cargo dentro de la casa de salud.

Mediante un informe dirigido a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, por la dirección distrital actual, se menciona que, “se corrobora la extorsión que viene siendo objeto mediante el pago obligatorio de diezmos, para mantener su trabajo y que no les pase nada a los trabajadores del Distrito de Salud 09D06 Tarqui”.

La recaudación del efectivo se realizaba a través de Guadalupe Cedeño, madre de la asambleísta, y de otros funcionarios que ya son identificados. Sin embargo, otras personas se acercaban personalmente a entregar el dinero en la vivienda de Cedeño, efectivo que era recibido por la empleada doméstica del hogar. (DC)