Las movilizaciones en Ecuador, encabezadas principalmente por organizaciones indígenas, se intensificaron este miércoles con una multitudinaria marcha que buscaba torcer el brazo al Gobierno de Lenín Moreno. Tras una semana de protestas que se iniciaron por un paquete de ajustes económicos que incluye una subida del precio de la gasolina, miles de personas llegaron a Quito para redoblar la presión. El clima de alarma había llevado al presidente a cambiar la sede del Ejecutivo a Guayaquil, donde la policía cerró el paso a los manifestantes. Sin embargo, este miércoles anunció su regreso a la capital ante el recrudecimiento de la protesta.

En los últimos días se han producido disturbios, saqueos, episodios de violencia y hasta un intento de ocupar la Asamblea Nacional del país. Este miércoles los manifestantes se concentraron en el Parque del Arbolito de Quito, un lugar tradicional de movilización, en un clima de relativa serenidad. En torno a las once de la mañana, hora local, comenzaron a desfilar por las calles con destino el palacio de Carondelet, residencia del presidente. Desde el estrado, los líderes de las comunidades indígenas llegadas de varios puntos del país trataron de infundir tranquilidad. “Vamos a actuar con calma, hay que ser respetuosos con nuestros dirigentes”, afirmó uno de los representantes. Aun así, se produjeron algunos choques menores con las fuerzas de seguridad camino del centro de la ciudad.

Los organizadores de las protestas piden la renuncia del mandatario. Sin embargo, hay un sector dispuesto a negociar. “Nosotros estamos defendiendo lo nuestro. Estas medidas son injustas. Yo por mi lado quisiera dialogar con todo el pueblo, pero el señor Lenín Moreno se esconde, se va a Guayaquil”, afirma Ezequiel Gómez, de 40 años, agricultor de la provincia de Imbabura, en la sierra norte.

El traslado de la sede del Gobierno a la ciudad costera, la segunda más poblada del país, fue interpretado como una suerte de negativa a un escenario de negociación. Con todo, el presidente optó finalmente por regresar a Quito, acompañado de la ministra de Gobierno, María María Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, para supervisar el desarrollo de la jornada. Moreno se avino el martes a abrir la puerta al diálogo con la mediación de Naciones Unidas, pero esa posibilidad aún no se ha concretado.

Los indígenas, que pertenecen a la capa más vulnerable de la población ecuatoriana, trabajan mayoritariamente la tierra y necesitan combustible para sus máquinas agrícolas. Entre las seis medidas anunciadas por el Gobierno, que establecen desde la reducción de aranceles a la importación de productos informáticos o la disminución de los salarios de los contratos temporales en el sector público, figura también la liberalización del precio de la gasolina y la eliminación de los subsidios al combustible. Un galón de gasolina (unos 3,7 litros) ha pasado de costar 1,68 euros a 2,09.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), prometió mantener el pulso al Gobierno hasta que ceda. Esta organización también decretó una suerte de estado de excepción en sus territorios en respuesta a la actuación de las autoridades, a las que acusó de “brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública”. En un comunicado, las comunidades señalan que los ajustes “afectan al conjunto de la sociedad ecuatoriana y deterioran las condiciones de vida y existencia de los sectores populares más vulnerables del país”. “Militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a la justicia indígena”, advierten. Y así ha ocurrido. El pasado fin de semana dos grupos retuvieron a medio centenar de militares.

Desestabilización

Algunas de estas comunidades llevan décadas protagonizando protestas contra el Gobierno, sin importar el signo político del presidente. Pero ahora las autoridades insisten en que las movilizaciones tienen el sello del exmandatario Rafael Correa, quien impulsó al propio Moreno y ahora es su principal adversario. Según esa acusación, que Correa ha negado tajantemente pese a jalear las protestas, también está vinculado el régimen de Nicolás Maduro. Hoy fue el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, quien insistió desde Guayaquil en la tesis de que los actos vandálicos y violentos responden a un plan de desestabilización orquestado desde fuera. “Entre los detenidos en las manifestaciones, hemos encontrado muchos extranjeros y nos han dicho que están recibiendo dinero para estar ahí”, afirmó.

Mientras tanto, queda por ver cuál es el efecto del regreso de Moreno a la capital. Su objetivo consiste en desactivar la protesta, que de momento ha resultado muy ruidosa pero no ha involucrado a una mayoría social, antes de que la situación se vuelva incontrolable. En los noventa, la mecha encendida por la oposición indígena acabó con la caída del expresidente Jamil Mahuad.