El pasado 4 de abril visité el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en Icononzo, en el departamento del Tolima, en el centro de Colombia. Los ETCR son zonas donde los excombatientes de las FARC habitan mientras desarrollan las fases iniciales de su adaptación a la legalidad. De los 10.708 excombatientes acreditados, 2.876 se encuentran actualmente en esas áreas. Durante este primer año de mi Gobierno visitamos también los ETCR de Pondores en La Guajira, en octubre de 2018, y de Manaure en Cesar, en marzo pasado, ubicadas en la Costa Caribe.

Recorrí esos tres ETCR como presidente de todos los colombianos, sin ánimo partidista y convencido de la necesidad de conocer de primera mano las necesidades y escuchar las preocupaciones de quienes han optado genuinamente por el camino de la legalidad. Llegamos con el equipo de gobierno a Icononzo, Pondores y Manaure, para ratificar el compromiso de nuestro Gobierno con la transición exitosa de los excombatientes en su proceso de reincorporación económica.

Conocimos sus iniciativas productivas y respondimos directamente a sus inquietudes, buscando disipar sus incertidumbres. El 76% de los excombatientes manifiesta sentirse optimista y motivado frente a su futuro. Nuestro Gobierno apoya la reincorporación y los excombatientes nos brindan su confianza.

Estos compromisos no nacen en conferencias en lujosos y lejanos auditorios, ni se consolidan porque lo diga un papel firmado. Se fortalecen día a día, recorriendo los territorios, conociendo las realidades, estrechando las manos, mirando a los ojos.

Al tomar posesión de la presidencia, hace poco más de un año, invité a mis compatriotas a la construcción de una Colombia donde todos podamos construir la paz y donde se acaben las divisiones falaces y politiqueras entre amigos y enemigos de la paz. Me comprometí con la reincorporación de los excombatientes, así como con su protección y con la generación de oportunidades productivas para ellos.

También nos comprometimos, desde el primer día, a concentrar todas nuestras iniciativas a la equidad, es decir, al cierre de las brechas entre los colombianos. Este compromiso con una Colombia más equitativa incluye la provisión de bienes públicos a las regiones del país, dando especial atención a aquellas que han sido golpeadas por la violencia.

Nos comprometimos con la genuina verdad, justicia, reparación a las víctimas y que no exista repetición de las atrocidades. Las víctimas no pueden ser agredidas de nuevo con la impunidad. Estamos convencidos de que los esfuerzos de estabilización y consolidación deben sostenerse sobre una cultura de la legalidad en la que justicia y seguridad van de la mano para que la violencia no amenace las libertades individuales.

Para honrar nuestra responsabilidad histórica con los colombianos de hoy y los de generaciones futuras, lanzamos la política Paz con Legalidad como hoja de ruta para la consolidación de una paz creíble en Colombia. Este es un proceso con una duración de 15 años que requiere de planificación, acciones y recursos.

Con respecto a lo que recibimos, durante el primer año de nuestro Gobierno, hemos honrado nuestra palabra y respondido con resultados tangibles.

Sería ingenuo negar que algunos sectores políticos en Colombia quieren perpetuar por razones electoreras la división mentirosa entre los enemigos y amigos de la paz. Han querido ahondar esa brecha señalando a nuestro Gobierno de falta de compromiso. Nosotros lo que tratamos de hacer es una política de paz, no hacer política con la paz para ganar la próxima elección.

Frente a la reincorporación, que se desarrolla en parte en los ETCR que visitamos, nuestro impulso decidido ya está dando frutos. En agosto del año pasado recibimos tan solo dos proyectos productivos colectivos aprobados, hoy contamos con 29 que vinculan a 1.934 excombatientes con un valor superior a los 6,5 millones de dólares. No recibimos ningún proyecto productivo individual y hemos aprobado en este año 360 proyectos individuales por valor de un millón de dólares.

Con el formato de Obras por Impuestos buscamos que los contribuyentes inviertan hasta el 50% del valor de sus impuestos de renta en las zonas más afectadas por la violencia. El recaudo de aproximadamente 106 millones de dólares confirma el compromiso del sector privado colombiano con la estabilización territorial.

Nuestro Gobierno está comprometido con la transformación de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. La herramienta para lograr estos cambios son los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET) en 16 zonas. Este ejercicio de planeación no surgió en las oficinas en Bogotá, nuestra capital, sino en los territorios, con la participación de más de 200.000 ciudadanos.

Recibimos dos planes formulados y en este primer año concluimos la formulación para los 14 restantes. Esa transformación ya empezó con la entrega, en trabajo conjunto con las comunidades, de 425 obras de infraestructura comunitaria de salud, vivienda, educación y deporte que benefician a 76.000 familias.

Otro frente de la política Paz con Legalidad es el del Catastro Multipropósito, un sistema de información que brinda a los campesinos seguridad jurídica sobre sus predios y cuya primera fase cubre 36 municipios en zonas PDET. Hoy tan solo el 5% de los predios tiene actualización catastral. Nuestra meta es llegar al 60% en tres años.

También se avanzó en la formalización de 331.932 hectáreas, se han ingresado 459.000 hectáreas equivalente a 560 predios al Fondo de Tierras de la Nación, se registraron 347 predios en el inventario de bienes baldíos adjudicables e inadjudicables, entre otros logros en materia de tierras.

Un área con retos complejos es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). La herencia recibida en este programa no solo tenía graves huecos en materia financiera, operativa y legal, sino que también puso en riesgo la capacidad del Estado de cumplir con sus promesas. El esfuerzo presupuestario para no defraudar las esperanzas y las expectativas de las 100.000 familias vinculadas ha sido enorme. Entre agosto de 2018 y julio de 2019, el Gobierno ha invertido casi 150 millones de dólares en el PNIS.

Si bien nuestro Gobierno recibió 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, gracias a la política integral que involucra la erradicación forzosa y la sustitución voluntaria, torcimos esa tendencia e inclusive este año obtuvimos una leve rebaja. Este abordaje integral incluye la promulgación de la política para la prevención y atención al consumo de sustancias sicoactivas como un nuevo paso hacia la consolidación de la paz.

El pasado 7 de agosto me comprometí con los colombianos con la protección de los líderes sociales que están siendo atacados por los violentos que quieren imponer las economías ilícitas en nuestro territorio. Desde el 24 de noviembre de 2016, día de la firma del Acuerdo, hasta el 6 de agosto de 2018 se registraron 166 asesinatos de líderes sociales. Esto constituye una tragedia que repudiamos y que estamos enfrentando. Lanzamos el Plan de Acción Oportuna (PAO), con el que hemos reducido un 35% esas muertes inaceptables. En la Colombia que estamos construyendo nadie debería sentir temor de expresar sus ideas o defender los intereses de sus comunidades.

Los hechos hablan por nosotros. En especial por los bajos niveles de avance que heredamos. Debemos superar el mito de si se está cumpliendo o no, para pasar a lo que es más importante para Colombia: la evaluación de cómo estamos consolidando la paz con legalidad.

Pero la defensa de los valores de la legalidad en la construcción de la paz no puede ser desdeñado ni satanizado. Todos los colombianos queremos vivir en un entorno de paz, pero requerimos que quienes han cometido los peores crímenes en la sociedad reparen a sus víctimas, digan la verdad, tengan una justicia proporcional.

Por eso, Colombia debe ser implacable con la justicia para quienes reincidan en el camino criminal. Nosotros siempre apoyaremos a quienes sigan el camino de la paz con legalidad y avancen en la reincorporación. Pero que no haya ninguna confusión: seremos implacables con la reincidencia, porque no aceptamos las burlas a nuestro Estado social de derecho.

Poco después de la firma del Acuerdo empezó a apreciarse la preocupante dimensión de las disidencias. Al inicio de nuestro Gobierno el número de miembros de las FARC aún en armas llegaba a los 1.700. A los jefes disidentes los hemos perseguido en este primer año y muchos han caído: Guacho, David, y otros. Pero otros comandantes como Iván Márquez y alias El Paisa hoy están en una especie de limbo donde no se sabe si son o no parte del proceso. Incluso algunos como Jesús Santrich, con investigaciones avanzadas y pruebas contundentes sobre sus vínculos con el narcotráfico. Lo mínimo que el pueblo colombiano espera es que las autoridades de la Justicia Transicional detengan esta burla permanente a las víctimas y a la justicia.

Pretender que el Acuerdo venía con un detallado manual de instrucciones o con una foto para armar el rompecabezas es faltar a la verdad. Ignorar los avances de esta consolidación con intenciones electorales es el camino más seguro para garantizar que la mayoría de los colombianos pierda la confianza, la esperanza y la legitimidad en este esfuerzo.

Seguiremos trabajando en la construcción de la Paz con Legalidad. Que nos aplaudan lo que es de aplaudir, y que los críticos nos cuestionen lo que es de cuestionar. Pero que nos acompañen a ser exitosos. Colombia necesita que seamos exitosos.

Iván Duque Márquez es presidente de Colombia.