Una serie de irregularidades en la administración financiera del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) son puestas al descubierto, tras un estudio técnico integral dispuesto desde el Ministerio de Gobierno y una auditoría concurrente de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría General del Estado.

Así lo dieron a conocer esta mañana, durante una rueda de prensa ofrecida, en Quito, la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo; y, el director de la entidad, general (sp) Jorge Villarroel.

Entre las irregularidades detectadas están la compra de bonos, pactos de recompra, bonos con diferentes plazos. “No se sabe dónde está la empresa que los ha adquirido”, enfatizó el general (sp) Jorge Villarroel, pero aclara que tienen identificado al ejecutor de la compra.

También se dieron a conocer los ejemplos de 200 casas construidas en Montecristi, con una inversión superior a los 14 millones de dólares, de las cuales solo se han vendido dos.

La Ministra expuso el caso del fideicomiso firmado con la Universidad Técnica Equinoccial (UTE), que supera los 7 millones de dólares, de los que no se ha recibido ningún reembolso. “Empezamos a exigir el pago, a través de medidas judiciales, coactivas y la Contraloría está apoyando en las gestiones de cobro”, manifiesta María Paula Romo.

Otro de los casos que se hizo público es la adquisición de la hacienda Anchamasa, ubicada en Uyumbicho, cantón Mejía, provincia de Pichincha, que en el año 2014 hiciera la entidad de seguridad social de la Policía. La compró a un costo de 14’800.000 dólares, pese a que el avalúo comercial del predio era de 500.375,33 dólares.

Pero esa no sería la única compra de esa índole. El director del ISSPOL indica que “se han presentado cinco denuncias por adquisición de bienes inmuebles, en Guayaquil y Quito, con evidentes sobreprecios; además, se ha detectado peculado y abuso de confianza”, aseguró Villarroel.

El Comandante General de la Policía explica que en los ilícitos detectados, podría existir una concurrencia de delitos, como malversación, fraude, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y otra serie de acciones ligadas al crimen organizado.

Frente a estas situaciones, la Fiscalía General del Estado tiene ya en su poder las denuncias presentadas por los ilícitos detectados.