El bono joven de alquiler. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram  ingresa al siguiente enlace. 

Que es….

El bono joven de alquiler, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, beneficiará también a quienes alquilen una habitación suelta, a condición de que la renta de la misma no exceda los 300 euros mensuales. Ese límite, no obstante, podrá elevarse hasta 450 euros en algunos territorios donde el mercado de arrendamientos es más caro, siempre que medie un acuerdo entre la comunidad autónoma y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La ayuda que perciba el beneficiario será la misma que se prevé para quienes arriendan una vivienda habitual: un tope de 250 euros mensuales o, si es menor, la renta mensual que se deba satisfacer.

El real decreto aprobado este martes, cuyo contenido ha adelantado EL PAÍS, añade algunas novedades a lo que hasta ahora había anunciado el Gobierno sobre la futura ayuda. Esta, con carácter general, se concederá a personas de hasta 35 años (incluida esa edad) cuyos ingresos anuales no superen tres veces el IPREM (lo que equivale a 24.318,84 euros). Sin embargo, para no perjudicar la movilidad laboral, se tendrán en cuenta dos situaciones: que un perceptor se cambie de domicilio de una a otra provincia o a otra comunidad autónoma.

Además

En estos casos, el trámite para seguir recibiendo el bono será más sencillo y las condiciones se flexibilizarán, pudiendo llegar los ingresos hasta cuatro veces el IPREM (32.425,12 euros anuales).El real decreto aprobado este martes, cuyo contenido ha adelantado EL PAÍS, añade algunas novedades a lo que hasta ahora había anunciado el Gobierno sobre la futura ayuda. Esta, con carácter general, se concederá a personas de hasta 35 años (incluida esa edad) cuyos ingresos anuales no superen tres veces el IPREM (lo que equivale a 24.318,84 euros).

Sin embargo, para no perjudicar la movilidad laboral, se tendrán en cuenta dos situaciones: que un perceptor se cambie de domicilio de una a otra provincia o a otra comunidad autónoma. En estos casos, el trámite para seguir recibiendo el bono será más sencillo y las condiciones se flexibilizarán, pudiendo llegar los ingresos hasta cuatro veces el IPREM (32.425,12 euros anuales).

La regulación, además, incluye la posibilidad de compatibilizarlo con otras subvenciones, siempre que estas provengan del plan estatal de vivienda. Como se trata de una competencia transferida a las comunidades autónomas, algunas ya tienen ayudas similares a la que se va a aprobar ahora, especialmente los programas enfocados a la emancipación juvenil.

Por otra parte

El Gobierno había dejado claro hasta ahora que el bono sería incompatible con esos programas autonómicos y con la mayoría de ayudas al alquiler. Sin embargo, el real decreto regula cuatro situaciones específicas de compatibilidad del bono con otras subvenciones. En concreto, se podrá percibir a la vez que otras prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, también se podrá compaginar con el ingreso mínimo vital (IMV) y las comunidades podrán habilitar un régimen especial para inquilinos especialmente vulnerables. La excepción más notoria, no obstante, viene en el mismo decreto, que en otro título también va a poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Este contempla un programa de ayudas de alquiler a jóvenes que, con fondos estatales, podrán poner en marcha las comunidades.

¿En qué consiste este otro programa? Se trata de ayudas hasta el 60% del importe de la renta y se dirige igualmente a solicitantes hasta 35 años que no superen el triple del IPREM, aunque en este caso se podrá llegar hasta 5 veces el IPREM (40.531,4 euros) en función de las circunstancias familiares. Para supuestos de compatibilidad con el bono joven, solo se podrá recibir el 40% del importe de la renta que esa ayuda no cubra. Es decir, si un joven paga 500 euros al mes y recibe 250 euros de bono joven, con esta segunda línea de subvenciones solo podrá percibir el 40% de los 250 euros que no se incluyen en el bono.

Una ayuda finalista durante dos años

En lo demás, el texto aprobado este martes por el Gobierno confirma muchos de los detalles que el Ejecutivo había adelantado desde el pasado octubre, cuando el presidente, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de un bono joven de alquiler. Los perceptores del bono recibirán un máximo de 250 euros mensuales que deberán destinar obligatoriamente a pagar la renta de alquiler porque la ayuda es finalista, solo puede usarse con ese objetivo.

Para ello deberán acreditar ser inquilinos mediante un contrato de arrendamiento (o de cesión de una vivienda) y que el precio del piso no exceda los 600 euros mensuales. Este tope podrá elevarse, si la comunidad autónoma quiere, hasta 900 euros. En cualquier caso, tanto esos límites como los de los ingresos máximos que puede tener el inquilino serán flexibles cuando se comparta piso. En principio, el límite de renta se aplica a todo el hogar en su conjunto, entendido como todas las personas que, figurando o no en el contrato de alquiler, comparten el mismo domicilio habitual. La ayuda se puede percibir durante un máximo de dos años.

Como es cada comunidad la que debe gestionar las solicitudes y concesiones del bono, con cada una se firmará un convenio bilateral por el que el Estado le transferirá los fondos y donde se especificarán las bases de la subvención en ese territorio. Esto hará que previsiblemente los inquilinos jóvenes no puedan empezar a solicitar esta ayuda hasta dentro de unos meses, aunque en cualquier caso la ayuda es retroactiva y se tiene derecho al bono desde el 1 de enero de este año.

Una vez el decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado, el siguiente paso es reunir una conferencia sectorial de Vivienda para que las comunidades y el Estado acuerden cómo se reparten los 200 millones que hay presupuestados este año. Tendrán derecho a esos fondos las comunidades autónomas, a excepción de Navarra y el País Vasco por su régimen foral, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.