Rechazan acción de protección interpuesta por H&H en contra de la Prefectura

El juez de Garantías Penales, José Luis Alvarado, rechaza la Acción de Protección interpuesta por la Compañía Hidalgo e Hidalgo en contra del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, por la notificación de terminación unilateral del contrato para la ampliación de la vía Alóag- Santo Domingo, tramo Unión del Toachi-Santo Domingo.

Si bien H&H puede apelar en instancias superiores, el Procurador de la Prefectura considera que existen los argumentos necesarios para que la Corte Provincial ratifique la sentencia dada por el Juez que conoció la causa, en primera instancia.
Si bien H&H puede apelar en instancias superiores, el Procurador de la Prefectura considera que existen los argumentos necesarios para que la Corte Provincial ratifique la sentencia dada por el Juez que conoció la causa, en primera instancia.

Con la resolución, emitida este jueves 22 de octubre, queda ratificado que todas las actuaciones del Gobierno Provincial han sido apegadas a derecho, aseguró el Procurador Síndico de la institución, Polivio Flores.

Además, el Procurador Síndico de la Prefectura señala que dentro del problema judicial en el que se ha envuelto a la vía, la Prefectura ha sufrido la interposición de dos acciones de protección; agrega que, a pesar haber cumplido la sentencia en cada una de ellas, “lamentablemente, por intereses particulares de una empresa, se presentó una nueva acción de protección”.

Antecedentes

Con fecha 23 de abril de 2019, la exprefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Andrea Maldonado, anunció el inicio de los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, tramo Unión del Toachi-Santo Domingo, Fase I, por parte de la empresa Hidalgo e Hidalgo, una vez suscrito el contrato para la ejecución de la obra, ese mismo día.

El 21 de mayo, en cambio, tras conocerse la resolución del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) de dar por terminado unilateralmente con el contrato de financiamiento para la ampliación de la vía, la prefecta Johana Núñez decidió suspender los trabajos. La empresa, por su parte, interpuso una Acción de Protección.

El 23 julio de 2019, el juez Fabricio Pacheco Concha negó dicha Acción, señalando que la vía adecuada para proteger los derechos de las partes era la Contenciosa Administrativa.