El Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos afirmativos, censuró la actuación de Christian Cruz Larrea, por incumplimiento de funciones otorgadas por la Constitución y la Ley; en consecuencia, ordenó su inmediata destitución del cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República. Se registraron, además, cinco abstenciones.

Christian Cruz, al hacer uso de su derecho a la defensa, durante tres horas, aproximadamente, incluida la réplica, defendió su gestión como titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Cruz dijo que las causales invocadas para su enjuiciamiento (obtención del carné de discapacidad, uso de documentos presuntamente falsos y obtención de licencia tipo “E”) son extemporáneas, ya que se trata de hechos que sucedieron antes de ser elegido miembro del CPCCS.

Cruz defendió la validez legal de su carné de discapacidad, así como de su licencia, al reiterar que el haber obtenido dichas credenciales no constituye causal de juicio político.

En torno a la presunta arrogación de funciones, al haber emitido dos reglamentos de carácter administrativo, justificó su actuación con normas emitidas por la Contraloría General del Estado que, según él, le facultan para hacerlo.

El 10 de octubre de 2019, Christian Cruz dictó dos reglamentos, uno relacionado al parque automotor y otro que versa sobre el cálculo y pago de viáticos, los mismos que estuvieron vigentes por 55 días, hasta que él mismo los dejó sin efecto.

“He venido para defender la verdad y la justicia. Soy un ser humano que anhela un futuro mejor para todos los ecuatorianos”, subrayó.

Por su parte, el asambleísta Henry Kronfle, en su calidad de interpelante, aseguró que jamás se ha puesto en entredicho la legalidad del carné de discapacidad, ni la validez de su licencia, sino si realmente existe el 81 % de discapacidad visual y auditiva.

Si existe tal porcentaje de discapacidad, no debería tener una licencia tipo “E” y si tiene capacidad para conducir vehículos autorizados con esa licencia, se deduce que no tiene la referida discapacidad., argumentó el parlamentario.

Kronfle desestimó las amenazas del interpelado, de acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales para defenderse, en caso que el juicio político llegue a su censura y destitución.

Conforme la moción aprobada, el expediente del juicio político será remitido a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicie la respectiva investigación penal sobre las actuaciones de Cruz, así como a la Contraloría y otras instancias públicas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen las acciones desarrolladas por el citado funcionario.