Quito (Pichincha).- Christian Roberto O. C. y Washington Andrés S. G. fueron sentenciados a 40 años de prisión, por la violación y secuestro extorsivo en contra de una trabajadora sexual de origen venezolano.

Pese a que la Ley no obliga a la víctima a presentarse en la audiencia de juicio, ella quiso ser escuchada por el Tribunal Penal y acudió a rendir su testimonio “para que ninguna otra mujer pase por lo que yo sufrí”, dijo la joven venezolana de 22 años.

La víctima –entre lágrimas– relató ante las juezas que el 12 de agosto de 2019, Christian Roberto O. C. contrató sus servicios como dama de compañía y concertaron una cita. Ella llegó al lugar a bordo de un taxi conducido por Washington Andrés S. G.

Tras dar varias vueltas por el norte de Quito, en el interior del vehículo, Christian Roberto O. C. la amenazó con un cuchillo y, junto con el conductor, la obligaron a contactarse con algún conocido para pedirle un depósito de 200 dólares como recompensa.

Al ver que no se concretaba el pedido, Christian apuñaló tres veces a la víctima en sus piernas, mientras Washington filmaba y enviaba los videos al novio de la mujer para presionarlo a transferir el dinero a cambio de su liberación. Mientras esperaban la transferencia, los dos la violaron.

El novio llamó al Ecu 9-1-1, desde donde se alertó a la Unase. Los agentes ubicaron el teléfono celular y aprehendieron a Washington Andrés S. G. (de 29 años de edad) y le incautaron el móvil, dispositivo en el que encontraron “varias fotos de mujeres que prestaban sus servicios sexuales. Así evidenciaron que utilizaban esta forma de operar con varias ciudadanas extranjeras, quienes, por temor, no los habrían denunciado”, manifestó la fiscal Alejandra Sigcha.

Christian Roberto O. C. (19 años) escapó ese día, pero su orden de detención fue ejecutada el 5 de mayo de 2020, en Cotocollao, norte de Quito. Lo encontraron en una clínica de desintoxicación para personas con adicción a las drogas, presuntamente clandestino, donde estaba internado.

“Ofrezco mis servicios a través de internet, como dama de compañía. Mantengo a mis dos hijos pequeños y a mi familia en

Venezuela. Desde lo que me hicieron –más de tres meses – no he podido trabajar, porque tengo miedo”, dijo la víctima.

El Tribunal también dispuso al sistema de salud pública le entregue tratamiento psicológico, el decomiso del vehículo en el que fue agredida la víctima, así como una reparación integral de 2.000 dólares y una multa de 800 salarios básicos unificados a los sentenciados.